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¿Cuál es nuestro objetivo?

Justicia digital, 25 años esperando.
por Carlos Giraldo Gómez


Contexto. Fue con la fundación de Roma en el año 753 A.C., y posteriormente por orden de Justiniano, que, en vista de la formación de grupos de personas como comunidades social y políticamente organizadas, se demandó la necesidad de codificar las leyes “naturales”. El objeto era zanjar las diferencias sobre las interpretaciones que se derivan de esas “razones del deber ser”; fue como se codificó en el Corpus Iuris Civile, que regularía las relaciones de esos individuos formados alrededor de las civitas[1].

Los romanos, dividieron el derecho en dos grandes categorías, privado y público, clasificación que subsiste al paso de más de 1500 años de historia. Mucho después, posterior a la Revolución Francesa, surgió el derecho administrativo, que reguló la responsabilidad de los gobernantes[2] y así sucesivamente en las demás especialidades.

Con el transcurso del tiempo y la transformación de las sociedades, el derecho como una ciencia social ha ido evolucionando al ritmo de los países, especializándose en lo que hoy llamamos jurisdicciones, competencias, procesos y trámites[3], formando el Estado en sí mismo y la estructura más importante de la función administrativa, implícita en todas sus actividades. También reguló los procedimientos para que los ciudadanos ejerzan sus derechos y se les exijan sus obligaciones.

El desarrollo de las especialidades trajo consigo conflictos al momento de aplicar las normas generando cierto grado de incertidumbre o “inseguridad jurídica”, (fenómeno en el cual la resolución de un determinado asunto jurídico puede tener diferentes respuestas en consideración a las circunstancias). Esta no es una discusión nueva y diferentes autores la han abordado a través del tiempo. Sin embargo, la inseguridad jurídica que nos ocupa, es aquella que no surge de los hechos que sirven como fundamento a las pretensiones, si no que surge de la creación de normas sin estándares.

 

Inflación legislativa, descodificación.

En Colombia existe una inflación legislativa, la misma que “creó dos países: el real y el de papel[4]. Uno en el cual ejercer los derechos es todo un reto y otro utópico, atiborrado de derechos en normas que son difícilmente cumplibles.

Tómenos como ejemplo la especialidad civil, aquella que regula las personas, bienes, sucesiones, contratos y obligaciones, éste, ha permanecido vigente desde 1887. El legislador ha realizado derogatorias completas de títulos descodificándolos en leyes nuevas: Título XIII Adopción convertido en la Ley 1098 de 2006, Titulo XIV Habilitación de la edad, Títulos XXII a XXXV de las Tutelas y curadurías en general en este caso derogando 207 artículos y descodificándolos en la Ley 1306 de 2009. (lo anterior sin mencionar la ley 1996 de 2019)

Las consecuencias de esto se hacen evidentes cuando se pretende revisar las normas que regulan las relaciones entre las personas y sus estados civiles, las cuales deberían encontrarse en el Libro Primero del Código Civil “Personas” pero que, por tal hecho, han sido retiradas del código, perdiendo en esencia el fin de los códigos, repartiéndose la información en diferentes leyes, libros, títulos, capítulos, partes y artículos dentro de un mismo cuerpo o en diferentes, dificultando el acceso a la información de manera íntegra.

El Estado tiene a su cargo la administración del servicio público de justicia, servicio que demanda lo mejor de los recursos disponibles: más de 60 mil servidores de la rama judicial, 1.2 millones de trabajadores públicos en todo el país, y cerca de 4 billones de pesos al año en inversión lo demuestran. Por su parte la implementación de herramientas TICs del sector público son una necesidad que representa todo un reto por las dimensiones de su actividad, y la rama judicial es ejemplo de ello[5]. Muchos son los factores que determinan estas situaciones, uno de ellos, cómo lo dijo recientemente y a la luz del COVID –  19, la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura Diana Remolina, No contar con mecanismos estándar digitales ha incidido en el acceso y trámite de los procesos judiciales”[6], estándares que requieren gran coordinación entre desarrollo y derecho, con el objetivo que sean útiles, sencillos, ágiles y escalables.

 

Durante más de 2 años, hemos trabajado en el desarrollo de una plataforma tecnológica que posee información procesal y sustancial de más de 80 trámites judiciales y administrativos, en especialidades como familia, laboral, contencioso administrativo y civil. Estos, clasificados y estandarizados en variables que determinan la competencia funcional, territorial, cuantía, caducidad, prescripción, régimen probatorio, pretensiones, excepciones de mérito, previas, y cada una de las etapas procesales que lo constituye, hasta la sentencia incluyendo recursos y la segunda instancia. De la misma manera hemos parametrizado contratos en diferentes materias facilitando el acceso a información y minutas estándares para los ciudadanos.

 

TEO Derecho codificado centraliza información de los usuarios con parámetros tecnológicos y legales que permiten su uso en otras aplicaciones de la administración. Igualmente asocia la información de los usuarios a los trámites judiciales, creando un expediente digital, al cual, se pueden agregar comentarios en campos de texto con registros fechados, adjuntar archivos y gestionarlos.

Tenemos la capacidad para continuar desarrollos, que permitan mejorar la cadena del servicio público de administración de justicia, siendo esta la llave de la puerta a la era del expediente digital.

 

 

Funcionalidades específicas

 

Mejoramiento de indicadores de la justicia Disponible en red – gestor de archivos

24 / 7

Fácil implementación y uso
Escalable Fuente de consulta Desarrollo cronológico

 

Estamos convencidos del gran impacto y escalabilidad que puede tener la implementación de esta herramienta en la justicia del país.

Carta dirigida a Facultades de derecho, CS de la J, consejos seccionales, Ministerio del interior y de la justicia, Ministerio de las tecnologías de la información y la comunicación, agencia nacional para la defensa jurídica del estado, facultades de derechos, servidores públicos, particulares en ejercicio de funciones públicas, abogados y estudiantes.

Quieres conocer más, mira estos videos.

¿Qué es TEO Derecho codificado?       

                               

 

 

 

 

 

 

 

Este documento tiene vínculos que son completamente seguros.

 

 

[1] Ciudades de Roma en la antigüedad.

[2] https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/4/1594/16.pdf (archivo jurídico UNAM, mx)

[3] Estructura actual CGP. Ley 1564 de 2012.

[4] https://www.semana.com/opinion/expertos/articulo/la-inflacion-legislativa/324796

[5] Entrevista presidenta CS de la J, Diana Remolina. https://www.eltiempo.com/justicia/cortes/retrasos-en-justicia-digital-y-cuanto-costaria-digitalizar-la-justicia-de-colombia-498676?fbclid=IwAR2sRmarFGcI36CHwDGcuT7FzAHSivj1VkI9oS10-OiiBSPE9J0NVNPeICk

[6] Ibíd.