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ACCIÓN DE TUTELA

“Si es un deber respetar los derechos de los demás, es también un deber mantener los propios.”

Herbert Spencer

A lo largo de los años los derechos se han clasificado en diferentes categorías, como de primera generación o fundamentales, de segunda generación o sociales, económicos y culturales y de tercera generación o colectivos y del medio ambiente. Así lo establece nuestra amada Constitución Política (CP) de 1991. Entre estos, los más importantes y los que cuentan con una protección preferencial son los derechos fundamentales, como la vida, la igualdad, la dignidad humana, la intimidad, el buen nombre, el libre desarrollo de la personalidad, la libertad, la honra, la paz, el derecho de petición (Ver. https://teo.com.co/derecho-de-peticion/ ), la libre circulación, el trabajo (Ver. https://teo.com.co/contrato-de-trabajo/ ), el debido proceso, la manifestación pública y pacífica, la libertad de asociación, participación política, la salud (Ley estatutaria 1751 de 2015), entre otros.

Los anteriores, constituyen la base principal de un Estado Social y Democrático de Derecho, como lo es Colombia, además, merecen una especial protección cuando sean vulnerados por personas, jurídicas o naturales, empresas del Estado o privadas, servidores públicos o particulares. Sin embargo, es frecuente escuchar a las personas preguntarse ¿Cómo puedo proteger mis derechos fundamentales?, ¿Necesito un abogado?, ¿Todos los derechos fundamentales se protegen de la misma forma?, ¿Cuánto tiempo dura el procedimiento para la protección?, ¿Qué autoridad debe ayudarme a proteger esos derechos? ¿Qué hago si la vulneración es inminente?, ¿Tiene algún costo el procedimiento?, ¿Alguien puede iniciar el procedimiento en representación mía o como tercero interesado?

Por eso, en el artículo 86 de la CP de 1991 y el Dcto 2591 del mismo año, se creó y reglamentó el mecanismo más importante que han tenido los habitantes del territorio colombiano para cumplir el objetivo de proteger y hacer valer sus derechos fundamentales o los de otras personas. Este mecanismo es la Acción de Tutela.

Aquella se define según el artículo 86 de la CP y el artículo 1 del Decreto 2591 de 1991 “Como la herramienta por medio de la cual cualquier persona puede reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en las casos que señale este Decreto”

De esta normativa se derivan las características fundamentales de la acción de tutela:

1) La acción de tutela puede ser interpuesta por cualquier persona, lo que quiere decir que no se necesita abogado o representante para interponerla, y no se le exige a la persona ser mayor de edad o colombiano.

2) La competencia para conocer de la acción de tutela estará en cabeza de los jueces de la república, incluida la Corte Constitucional, es decir, que, una vez se presente la acción de tutela se va a poner en funcionamiento la rama judicial, y conocerá de esta acción cualquier juez o tribunal del lugar de ocurrencia de la violación al derecho, cualquiera que sea su competencia salvo los casos de las acciones dirigidas en contra de los medios de comunicación las cuales serán competencia de los jueces del circuito del lugar.

3) La acción de tutela puede ser presentada en todo momento y lugar, no se exigen formalidades especiales para su presentación, incluso puede hacerse de manera verbal y se entenderá que todos los días y horas son hábiles para interponer la acción de tutela.

4) Esta acción tiene un procedimiento expedito, preferente y sumario, lo que significa que se debe tramitar sin obstáculos, dilaciones, dándole prioridad sobre cualquier otro trámite excepto un habeas corpus y prescindiendo del cumplimiento de formalidades legales, ya que puede ser interpuesta por cualquier persona. Además, los plazos son perentorios o improrrogables.

5) La puede interponer la misma persona o quien actúe a su nombre, por ende, un tercero que evidencie la vulneración de los derechos fundamentales de una persona la cual no puede interponer la acción, puede interponerla en calidad de agente oficioso y manifestarlo en la solicitud. Además, podrá ser interpuesta por el Defensor del pueblo o los personeros municipales.

6) Se pretenderá la protección inmediata del derecho fundamental, esta característica se relaciona con la #4, toda vez que se podrá solicitar una medida provisional para evitar el perjuicio irremediable.

7) El derecho fundamental puede estar siendo amenazado por acción u omisión por parte de una autoridad publica o un particular con condiciones especiales.

8) El trámite de la acción de tutela se rige por los principios de publicidad, prevalencia del derecho sustancial, economía, celeridad y eficacia.

9) La interposición de una acción de tutela es gratuita, diferente a su realización, la cual puede tener un valor si la redacta un abogado.

10) Procederá incluso en estados de excepción.

11) Se puede utilizar como mecanismo transitorio, esto ocurre cuando existe otro mecanismo para salvaguardar y proteger el derecho fundamental, pero aquel mecanismo no es tan oportuno, lo que podría derivar en un perjuicio irremediable para el titular del derecho.

12) Presentar varias tutelas por la misma razón ante varios jueces puede considerarse una actuación temeraria, en este caso se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las acciones. Si la conducta la comete un abogado, este será sancionado con la suspensión de la tarjeta profesional por 2 años.

En relación a la procedencia de la acción de tutela frente a particulares, esta se podrá interponer cuando el particular cumpla las siguientes condiciones:

A) Prestadores de servicios de educación para proteger los derechos consagrados en los artículos 13, 15, 16, 19, 20, 23, 27, 29, y 38 de la CP.

B) Prestadores de servicios de salud para proteger el derecho a la vida, intimidad y autonomía.

C) Prestadores de servicios públicos.

D) En contra de organización privada siempre que el solicitante tenga relación de subordinación o indefensión con tal organización.

E) Quien viole el artículo 17 de la CP, respecto a la servidumbre, esclavitud y trata de personas.  

F) Entidad privada que viole el derecho de habeas corpus.

G) Cuando se solicite la rectificación de información inexacta o errónea,

H) cuando el particular actúe en función pública

I) cuando la solicitud sea para tutelar la vida o la integridad de quien se encuentre en situación de subordinación o indefensión respecto del particular contra el cual se interpuso la acción, se presume la indefensión del menor que lo solicite

Por otra parte, para interponer una acción de tutela no se requiere agotar una conciliación previa o agotar una vía gubernativa, pero si se debe tener en cuenta que este mecanismo no procede cuando:

1) Existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2) Se pueda invocar un Habeas Corpus.

3) Se pretenda proteger derechos e intereses colectivos.

4) Cuando la violación al derecho fundamental ya origino un daño consumado, salvo que se continue presentando la acción u omisión violatoria de ese derecho.

5) Frente actos de carácter general, impersonal y abstracto.

En cuanto al contenido de la acción, en este trámite prima la informalidad, por ende, deberá contener mínimo:

A) De tenerlo, la accionante y/o su apoderado, deberán indicar su medio de comunicación digital.

B) Expresar con la mayor claridad posible, la acción u omisión que la motiva.

C) El derecho que considera vulnerado o violado

D) El nombre de la autoridad pública, órgano o autor de la amenaza y las demás circunstancias relevantes, además del nombre y dirección del solicitante.

Esta solicitud podrá contener una medida provisional, con la cual se pretenda la suspensión de la aplicación del acto concreto que amanece o vulnere el derecho fundamental. En todo caso el juez podrá dictar cualquier medida de conservación o seguridad encaminada a proteger el derecho o a evitar que se produzcan otros daños como consecuencia de los hechos realizados, todo de conformidad con las circunstancias del caso y ordenar lo que considere procedente para proteger los derechos y no hacer ilusorio el efecto de un eventual fallo a favor del solicitante.

Presentada la acción de tutela la autoridad competente deberá darle un trámite preferencial. En ningún caso podrán transcurrir más de 10 días hábiles entre la interposición de la tutela y su resolución. En caso que la autoridad no pueda determinar el hecho o la razón que motiva la tutela, le otorgará al tutelante un término de 3 días hábiles para que la corrija, de no hacerlo podrá ser rechazada de plano. Admitida la acción, el juez podrá requerir a la autoridad o particular contra quien se hubiere hecho la solicitud, para que en el término de 1 a 3 días hábiles (Discrecionalidad del juez), se pronuncie y presente el expediente administrativo o la documentación donde consten los antecedentes del asunto, si se omite este deber de manera injustificada, se impondrán sanciones como dar por ciertos los hechos manifestados por el accionante y resolver de plano la tutela. Presentado el informe, el juez puede solicitar información adicional que deberá presentarse dentro los 3 días hábiles siguientes.

Antes de cumplirse el término de los 10 días hábiles o inmediatamente cuando, el juez encuentre un medio de prueba del cual se pueda deducir una grave e inminente violación o amenaza del derecho, deberá proferir un fallo. Aquel contendrá:

1) La identificación de las partes.

2) La determinación del derecho tutelado.

3) La orden de la conducta a impartir.

4) El plazo perentorio para el cumplimiento del fallo que, no podrá exceder de 48 horas.

5) Cuando la orden sea la inaplicación de una norma, deberá indicarse tal circunstancia con claridad; el contenido del fallo no podrá ser inhibitorio.

6) La prevención a la autoridad para que en ningún caso vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito para conceder la acción, so pena de las sanciones correspondientes.

7) De ser el caso, el afectado no disponga de otro medio judicial, la violación del derecho sea manifiesta y consecuencia de una acción clara e indiscutiblemente arbitraria, en el fallo que el juez, de oficio, tiene la potestad de ordenar en abstracto la indemnización del daño emergente causado si ello fuere necesario para asegurar el goce efectivo del derecho, así como el pago de las costas del proceso. La liquidación del mismo y de los demás perjuicios se hará ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo o ante el juez competente, por el trámite incidental, dentro de los 6 meses siguientes, para lo cual el juez que hubiere conocido de la tutela remitirá inmediatamente copia de toda la actuación. La condena será contra la entidad de que dependa el demandado y solidariamente contra éste, si se considera que ha mediado dolo o culpa grave de su parte, todo ello sin perjuicio de las demás responsabilidades administrativas, civiles o penales en que haya incurrido.

En conclusión, la acción de tutela es el mecanismo más importante que trajo la Constitución Política de 1991, por esa razón cualquier normativa que intente socavar dicho mecanismo debe ser declara inconstitucional, especialmente si estamos en Colombia, que es un Estado Social y Democrático de Derecho. Somos más de 50 millones de personas en el territorio colombiano que en algún momento necesitaremos de la acción de tutela para salvaguardar nuestros derechos fundamentales o los de otras personas, en razón de eso, tenemos el deber de utilizarla correctamente.

Webgrafía

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr002.html

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_2591_1991.html

Fecha: 17 de noviembre de 2021

Autor: Andrés Vélez Saldarriaga, Abogado de TEO Derecho Codificado.

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